Casi 200 pymes en peligro por la desregulación del mercado del gas licuado
Empresarios del sector advierten que hay 190 pymes y 3.500 puestos de trabajo en riesgo por la decisión oficial de reducir la intervención estatal en ese sector.
En julio de este año, el Gobierno modificó el marco regulatorio del gas licuado de petróleo (GLP) a través del decreto 446/2025, que introdujo cambios sustanciales en la Ley 26.020 y redefinió el rol del Estado en el sector.
El decreto involucra a productores, fraccionadores, distribuidores, comercializadores y consumidores residenciales de todo el país, pero en especial a los sectores sociales de menores recursos que requieren de garrafas para abastecerse de gas.
Con esa medida, el Poder Ejecutivo limitó la intervención estatal en la industria del GLP y eliminó la necesidad de autorizaciones previas para operar en los distintos segmentos del sector.
Esta decisión fue muy cuestionada por empresarios del sector, como es el caso del presidente de la Cámara de Fabricantes, Distribuidores e Industrializadores de Gas Licuado (CAFADIGAS) Darío Simonetti.
“No entendemos por qué razón el Gobierno eliminó algunos puntos de la ley 26.020, que regulaba al sector y protegía a los sectores vulnerables, evitando disparidad en los precios de venta de las garrafas”, sostuvo el directivo.
A la vez, puntualizó que, al correrse el Estado de su rol de contralor, hoy existen diferencias de hasta el 100% en los precios de los cilindros de 10 kilos, que son los más utilizados en el país.
En declaraciones al programa AM, del Canal Somos, de Flow, Simonetti alertó que la situación generada por el Gobierno provocó que la mayoría de los distribuidores “estemos atravesando una situación crítica, porque con el decreto sacaron lo que nosotros más necesitábamos: seguridad, respeto a la cadena de comercialización”.
“Este decreto reventó todo. Recurrimos a la Justicia para que se revierta esa medida, pero también pedimos al Gobierno que recapacite, porque le está haciendo un daño enorme a un sector que brinda un servicio esencial”, enfatizó. Y advirtió también que hay fraccionadores que le venden garrafas a distribuidores clandestinos, que a su vez las comercializan sin ningún tipo de seguridad.