Hurlingham: El Ejecutivo consolida su control sobre infracciones y faltas
El oficialismo sumó los votos necesarios para modificar el Régimen Municipal de Faltas. La oposición cuestionó las atribuciones al Ejecutivo.
El Concejo Deliberante aprobó hoy por la mayoría de los votos del oficialismo y el de su aliada Anahí Galeano la modificación al Régimen Municipal de Faltas enviada por el Departamento Ejecutivo que, de esa manera, consolida su control sobre el área tras la eliminación de los Juzgados de Faltas en septiembre de 2025.
Presentado como una manera de incorporar “herramientas coercitivas modernas” en la administración que el Gobierno Municipal aplica sobre multas e infracciones, el proyecto del oficialismo fue rechazado por la oposición de los dos bloques de La Libertad Avanza.
La iniciativa oficialista se propone, también, tipificar conductas relacionadas a la organización de espectáculos públicos sin autorización, la publicidad de los juegos de azar y apuestas online, entre otros puntos relacionados a actividades susceptibles de ser sancionadas.
El nuevo régimen contempla, de acuerdo al carácter y tenor de las infracciones, sanciones alternativas, como cursos, adecuación de instalaciones o procedimientos, y tareas de concientización. Sin embargo, concede a la Secretaría Contravencional o el órgano municipal correspondiente la facultad de aplicar sanciones como multas económicas, estipuladas por módulos, regidos al 1 por ciento del salario básico municipal -de alrededor de 200 mil pesos- cada uno, u otras penas.
"Juez y parte"
“El primer problema grave de este proyecto es que el mismo poder político inspecciona, labra actas, acusa, sanciona, ejecuta, clausura, decomisa y hasta pretende aplicar arrestos. Es decir, el Municipio pasa a ser juez y parte”, cuestionó el concejal de la Alianza La Libertad Avanza Julio Medina, en una postura compartida por sus pares de bloque que también pidieron la palabra como Rafael De Francesco y Gilberto Volpe.
“El intendente administra. Los jueces juzgan. Cuando el poder político empieza a dictar sentencias, la República empieza a retroceder. Y la libertad de un vecino no puede quedar en mano de una estructura administrativa subordinada al intendente de turno”, agregó Medina.
Desde La Libertad Avanza, por su parte, el concejal Sebastián Palacio sostuvo que “este proyecto no habla en ningún momento el idioma de la producción, el empleo y el acompañamiento al vecino”. Y remarcó que sólo la autoridad judicial puede imponer las penas, como las multas accesorias, que el proyecto del oficialismo delega en la autoridad municipal.